El presidente estadounidense Donald Trump, que convirtió la inmigración en uno de sus principales temas de campaña, firmó al llegar al poder un decreto para construir un muro contra la inmigración de 1.600 km en la frontera con México, que quiere hacer pagar a su vecino del sur, que lo rechaza.
A principios de 2018, Trump pidió al congreso 25.000 millones de dólares para garantizar la seguridad de toda la frontera pero solo obtuvo 1.600 millones por un muro de una decena de metros en las dos zonas más pobladas.
En mayo, el presidente también desató una polémica al separar a 2.300 menores de sus padres, en aplicación de una política de "tolerancia cero" con la emigración clandestina, aunque finalmente dio marcha atrás.
Antes de las elecciones de medio mandato de noviembre, cuando miles de migrantes huían de la violencia y de la miseria en América Central y se dirigían hacia Estados Unidos, habló de una "invasión" y aseguró, sin dar pruebas, que entre los migrantes había "criminales y personas de Oriente Medio".
En noviembre, envió a miles de militares a la frontera y amenazó con cerrarla totalmente.
Italia, la principal puerta de entrada de los migrantes que llegan a Europa por el Mediterráneo, tiene en principio que aplicar los acuerdos de Dublín, que obligan al país europeo donde un migrante llega primero a gestionar su caso hasta el final.
Desde la llegada al poder este año de un gobierno de coalición entre la extrema derecha y un partido antisistema, Matteo Salvini, ministro del Interior y jefe de La Liga (extrema derecha), cerró la entrada a los puertos italianos de los barcos humanitarios que rescatan a los migrantes en el Mediterráneo.
En noviembre, Italia adoptó un polémico decreto-ley que endurece su política de inmigración, con permisos de residencia más cortos y un procedimiento de urgencia para expulsar a los migrantes considerados "peligrosos".
Desde enero, el número de llegadas a las costas italianas registró una caída de más del 80% en relación a los años anteriores, hasta 23.011 personas, según un balance publicado en diciembre de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, hostil a la emigración que según él puede "diluir" la identidad húngara y europea, hizo instalar en 2015 alambres de espino en cientos de kilómetros en la frontera con Serbia y Croacia para frenar la llegada de refugiados que huyen de las guerras en Oriente Medio.
Hungría tiene además una de las legislaciones más restrictivas de Europa.
Orban se opone al plan de repartición de refugiados de la Unión Europea (UE) y organizó en 2016 un referéndum en el que ganó el "no" a la acogida de migrantes, pero con una participación insuficiente para ratificar el resultado.
La Comisión Europea lanzó varios procesos de infracción contra Hungría, sobre todo por no respetar la legislación europea en materia de asilo, y una ley que condena con penas penales ayudar a los migrantes.
En 2017, el número de migrantes acogidos en Australia con visados permanentes cayó a su mínimo nivel en diez años (162.000), el resultado de una política que sólo acepta a los mejores candidatos, según el gobierno.
Desde 2013 el gobierno rechaza sistemáticamente en el mar los barcos de migrantes clandestinos, muchos de ellos procedentes de Afganistán, Sri Lanka y Oriente Medio, una política que denuncias las oenegés.
Los que a pesar de todo logran llegar, son enviados a la isla de Nauru o a la de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Incluso si su demanda es lícita, no les aceptan en territorio australiano.
El gobierno asegura que así salva vidas porque disuade a los migrantes de emprender el peligroso viaje. Las llegadas de barcos, que antes eran casi diarias, han disminuido muchísimo.
Frente a las críticas, el gobierno ha empezado a evacuar a los niños de Nauru, donde los migrantes viven en campos, en algunos casos desde hace al menos cinco años, una situación que provoca depresiones e intentos de suicidio, niños incluidos.