LIMA. El Gobierno peruano aprobó este miércoles el pedido de extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) a EE.UU., donde el político se encuentra prófugo de la justicia de su país desde hace más de un año que lo requiere por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El Consejo de Ministros aprobó la medida, que había sido solicitada el pasado 19 de febrero por el juez anticorrupción Richard Concepción Carhuancho, por unanimidad, según informa el diario El Comercio.
Esta decisión de dio en un día de extrema tensión política en Perú debido la publicación de grabaciones de video y audio que implican al presidente Pedro Pablo Kuczynski, a sus aliados en el Congreso y a varios ministros en un supuesto intento de comprar voluntades de parlamentarios para evitar la destitución del mandatario.
De hecho, Kuczynski está siendo sometido a un proceso de vacancia precisamente por haber mantenido negocios con Odebrecht mientras era ministro de Economía del presidente Toledo.
Una vez con la autorización del Gobierno, el cuadernillo de extradición deberá ser traducido al inglés y enviado a través de los cauces oficiales al Departamento de Estado de EE.UU., que procederá a su vez a derivarlo al Departamento de Justicia para su análisis y aplicación.
El juez Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional de Perú, ya emitió hace más un año una orden internacional de captura contra Toledo, que de momento continúa residiendo en California sin que su detención se hubiera hecho efectiva.
A Toledo se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado, sin que ninguno de ellos haya prescrito todavía.
Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Toledo recibió 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de beneficiarla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta su frontera con Bolivia y Brasil.
Los pagos ilícitos fueron depositados en cuentas bancarias de empresas “offshore”, ubicadas en paraísos fiscales, como Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury and Co., propiedad del empresario israelí Yosef Maiman, amigo personal de Toledo.
Toledo es una de las figuras de la primera plana política de Perú más afectadas por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, por los sobornos pagados en el país entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Toledo, Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht, entre otros políticos como algunos gobernadores regionales.