El sector empresarial ligado al comercio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), ha crecido de forma tan desorganizada –como chivo sin ley– y con una práctica general de engaño, que si se hace una encuesta es raro que no aparezca un chofer o una ama de casa que no haya sido timada en una de sus estaciones.
Es irritante que el cliente pague el mismo precio por un galón de gas en distintas estaciones, pero la cantidad que recibe varía considerablemente entre una y otra.
Es común escuchar el lamento de los conductores que les robaron el dinero porque “eché tanto y sólo di tantas vueltas”. O las amas de casa lamentando que llenaron su tanque, pero se acabó antes de la fecha de costumbre. Es un problema viejo y Pro Consumidor y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), es poco lo que han hecho para evitar ese robo descarado.
Desde hace un tiempo se han incrementado las denuncias sobre las irregularidades en la importación, distribución y venta del GLP. Las quejas emanan de distintas personalidades de la vida pública como la periodista Altagracia Salazar, quien ha advertido que por cada galón que consumen los usuarios se le cobra de forma irregular entre 15 y 20 pesos. E indica que esto se habría puesto en marcha en la administración del anterior ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Seviñón.
Se quejan la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), el Movimiento Rebelde, el Frente Amplio y la Federación de Trabajadores Cañeros, que denunciaron una supuesta mafia con la importación del gas. Fenatrano tiene un anuncio en que advierte sobre un alegado fraude de mil millones de pesos en el GLP, “ligado al flete y otros gastos ocultos” y añade que Industria y Comercio “lo sabe muy bien y debe cortar con ese mal, sin convertir esto en impuestos para la población”.
El coordinador nacional del Movimiento Rebelde, Juan Hubieres, reveló que el país es estafado con unos RD$2,000 mil millones mediante la Resolución 365 de Industria y Comercio, que solo beneficia a dos empresas, una pública y otra privada, aunque no dijo sus nombres. Indicó que esos RD$2,000 mil millones no van al Estado ni a los diferentes subsidios, sino a un grupo que maneja la “mafia” de los combustibles en el país.
Ha estado circulando en las redes sociales un documento titulado: ¡No a la mafia del GLP! Denuncia que la presunta mafia es una estructura corrupta que opera al interior de las instituciones reguladoras de los precios de los combustibles que se importan al país, aumentando los costos entre 20 y 25 pesos del gas que se sirve a la población. Afirma que esto genera unos mil millones de pesos mensuales que no entran al fisco y van directo “a bolsillos privados”. Yo pregunto: ¿Cuántos hospitales, escuelas, carreteras se pueden construir con este dinero?
La denuncia es que las irregularidades han estado amparadas por resoluciones de Industria y Comercio, que han tenido la intención de beneficiar a los importadores del GLP, en perjuicio de los consumidores.
El promedio mensual de consumo de GLP de la población dominicana sobrepasa los 500 millones de galones, esto significa que por concepto de la “mafia y los 20 pesos fantasma que le cobran a cada galón nos están robando del bolsillo más de mil millones de pesos mensuales”.
Si el gobierno del presidente Danilo Medina enfrenta la mafia del GLP y organiza el sector, eliminando las irregularidades denunciadas, las amas de casa y los choferes comprarán el gas mucho más barato.