La nación dominicana se encuentra atrapada en un valladar que pone en peligro no sólo la paz social y el ordenamiento político, sino, además, la estabilidad y el progreso económico del pueblo dominicano. Dicho valladar lo constituye por un lado el escándalo de ODEBRECHT, y por el otro el movimiento social denominado "Marcha Verde".
Durante los últimos once (11) meses el país ha estado inmerso en una especie de parálisis intelectual, todo el mundo repitiendo por distintos medios el tema ODEBRECHT y el tema Marcha Verde, parecería que el país comienza y termina con ambos temas; son cientos de miles de dominicanos que han reducido su potencial productivo para dedicarse al seguimiento sobre el desenlace de los referidos temas.
ODEBRECHT y Marcha Verde tienen a la sociedad dominicana dividida en distintos bandos, de un lado el gobierno, la procuraduría, la judicatura, y el grupo de ex funcionarios y legisladores sometidos a la justicia por el escándalo ODEBRECHT, sin saber qué hacer con ellos, si los condenan o los liberan, y del otro lado, importantes sectores de la sociedad que reclaman más sometimientos y condenas máximas.
De igual manera, el Gobierno y el Partido de La Liberación Dominicana se hayan en un enfrentamiento mediático con sectores de la sociedad civil, empresarios y partidos de oposición, respecto al movimiento social denominado "marcha verde contra la corrupción y la impunidad", de acusación y contra acusación.
Los verdes como se les denomina tratan de demostrar con sus actividades, que cada vez, más ciudadanos se incorporan a dicho movimiento como expresión del descontento que sienten con el gobierno por la manera como éste viene enfrentando los actos de corrupción denunciados; en cambio, el gobierno y el Partido que gobierna (PLD) y sus aliados, hacen ingentes esfuerzos para minimizar y desprestigiar dicho movimiento, sin analizar las causas que motiva a estos ciudadanos a protestar.
En lo que respecta a la ciudadanía expresada en el movimiento verde, pienso que están haciendo el papel que le corresponde, de monitorear, cuestionar, denunciar y exigir al gobierno el cumplimiento de la ley y la implementación de una gestión pública transparente y de calidad, que satisfaga las expectativas del pueblo dominicano.
El gobierno por su parte está en el deber constitucional de garantizar en todos los órdenes el imperio de la ley, esto implica cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, sobre todo perseguir y sancionar de manera ejemplar a todo ciudadano que las viole, máxime si se trata del uso personal y discrecional de los recursos del Estado por funcionarios públicos.
De igual modo los peledeistas no debemos rasgarnos las vestiduras ante las críticas que nos hacen los grupos sociales y políticos por el tema de la corrupción y la impunidad, o cualesquiera otros males de la administración pública, más bien debemos ver dichas criticas como oportunidades de mejoras y, trabajar para eliminar las deficiencias y debilidades de cara al futuro inmediato.
Nuestro partido (PLD) debe asumir las críticas que nos hacen los ciudadanos, como lecciones de las que hay que aprender. Y una de las lecciones que debería tomar en consideración el Partido de La Liberación Dominicana para recobrar la confianza pérdida en el pueblo dominicano, y escoger candidatos a puestos electivos, que no puedan ser cuestionados por haber estados vinculados a actos reñidos con la ley, la moral y las buenas costumbres.
El sistema político dominicano arrastra grandes debilidades y una de ellas es, que los partidos políticos escogen candidatos en función del dinero que puedan invertir en la campaña, sin cuestionar el origen de tales recursos, ni el perfil ético, político, democrático, de ciudadanía y el historial social de los mismos. Esto explica en parte el deterioro moral que se observa en toda la sociedad y el Estado dominicano.
Para revertir esta situación se impone seguir trabajando en la construcción de una Democracia Participativa, sostenible, transparente, solidaria, equitativa, humana, y más amigable con el medio ambiente.
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