Brasilia.- La destituida presidenta constitucional Dilma Rousseff denunció este jueves el reinado en Brasil de la llamada justicia del enemigo, manifiesta en la decisión del juez Sergio Moro de confiscar los bienes de Luiz Inácio Lula da Silva.
Secuestrar la propiedad donde vive Lula con su familia y bloquear sus cuentas personales es una persecución, una nueva injusticia, manifestó Rousseff a través de las redes sociales.
Dilma remarcó que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) es víctima de un verdadero lawfare y señaló que el imperio de la 'justicia del enemigo' (término acuñado en 1985 para definir el castigo aplicado no por la comisión de un hecho delictivo, sino por considerar peligroso a su autor) queda retratado en esa arbitrariedad.
La víspera, por decisión de Moro, el Banco Central bloqueó 606 mil 727 reales (aproximadamente 190 mil dólares) depositados en cuatro cuentas bancarias. Además fueron confiscados tres apartamentos y un terreno propiedad de Lula, todos en San Bernardo del Campo (Sao Paulo), donde reside Lula, y dos automóviles. Al repudiar en una declaración pública la innombrable acción, el PT subrayó que en toda su historia Brasil no conoció una persecución judicial, mediática y política tan avasalladora como la que sufre el exdignatario.
Después de condenar a Lula sin pruebas, de propagar mentiras y contradecir su propia sentencia, Sergio Moro decidió ahora vengarse de un inocente, deploró la organización partidista.
Al bloquear los bienes de Lula, enfatizó, 'Moro decretó una pena de asfixia económica que priva el ex presidente de su casa, de los medios para subsistir y hasta para defenderse de las falsas acusaciones' que se le imputan.
En otra de sus partes, el texto califica de 'decisión mezquina' la proferida por Moro, 'quien se vale de la complicidad con la Red Globo para cometer todo tipo de arbitrariedades contra el mayor líder popular del país', subrayó.
Por su parte, los abogados de la defensa del exdignatario tildaron de ilegal y abusiva la determinación del juez federal y señalaron que ésta se mantuvo en secreto impidiéndoles tomar conocimiento de la misma hasta ayer, cuando la hicieron pública medios de prensa.
En la práctica -agregaron- esta resolución priva a Lula de disponer de todos sus bienes y valores, perjudicando no solo su subsistencia, sino también la de su familia. 'Es una arbitrariedad más de entre tantas otras cometidas por el mismo juez' contra el exmandatario.
De acuerdo con los defensores, una medida de este tipo se justificaría solo si hubiera pruebas de la existencia de riesgo de dilapidación patrimonial, por lo cual impugnarán la misma.