El caso de corrupción del Canal Isabel II, el ente publico que sirve las aguas en toda la comunidad madrileña y de cientos de municipios, ha quebrado la paciencia del pueblo madrileño y español, que ha visto disminuir sus condiciones de vida, que se hacen cada vez más estrechas, en la misma proporción en que una pandilla de camajanes de saco y corbatín, vividores y especuladores, han aumentado sus alucinantes riquezas y lujos, dónde no falta siquiera una ramera caribeña, y amantes de cafetín.
Los españoles, están verdaderamente, encojonados, y no es para menos. Una banda usufructúa, lo que pertenece a todos, arrastrándolos cada día a la miseria y la escasez.
Se trata de una sociedad anónima creada en junio de 2012, y es la encargada del suministro de agua en la región.
El Canal Isabel II, que viene a ser como la CAASD dominicana, pero en macro, está participada en un 82,4% por el ente público, y el 17,6% restante depende de 111 de los 179 municipios de Madrid. La empresa es una máquina de hacer dinero (230 millones de beneficio en 2015, un 2,8%.
A través de empresas destacadas, y formadas al efecto para participar en la gestión de agua, y saneamiento, en algunos países de América Latina, y Brasil, desarrollaron esquemas de blanqueo de dinero, sobornos, evasiones, ocultamientos de capitales, y de financiación política ilegal. Toda una burda trama, en el camino vecinal de la ya mitológica ODEBRECHT.
En la filiar dominicana, AAA Dominicana, en su accionariado, cuentan con un “socio estratégico”, Ángel Rondón, con una participación del 10%. Pero además, según el registro mercantil de Santo Domingo, el empresario dominicano es también el representante en la compañía de los otros dos socios locales: una firma llamada Roymar (10%) y ClimateState (15%), “que se encarga de promover, desarrollar e invertir en bancos comerciales hipotecarios, entidades financieras y en bienes raíces”, según explicó Ángel Garrido, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. O sea, Rondón cuánta con nada menos que un 35% de la filiar dominicana, sin contar sus socios de la camada política.
Se trata de una verdadera tapadera, llena de crucigramas financieros, para el ocultamiento, y el latrocinio, montados en capitales públicos, vestidos de "iniciativas empresariales", y de "inversiones extranjeras".
Rondón es asimismo el copresidente de AAA Dominicana, junto a Diego García Arias, que representa a Inassa, la compañía colombiana que gestiona a su vez la mayoría de filiales del Canal en Latinoamérica.
A pesar de ello, García Arias se negó el pasado junio a comparecer en la Asamblea para dar cuenta de los negocios americanos de la empresa pública madrileña. Argumentó que era una sociedad colombiana y que tenía que preguntarle a sus accionistas.
Ángel Rondón, “socio estratégico” de la filial del Canal de Isabel II en la República Dominicana, está siendo investigado por corrupción por la Procuraduría (fiscalía) General del país caribeño. La constructora brasileña Odebrecht le entregó a Rondón a lo largo de varios años 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) que presuntamente acabaron convirtiéndose en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir contratos.
La sucesión de escándalos en torno a las filiales latinoamericanas de la compañía pública madrileña ha empujado al Gobierno regional a cerrar una docena de filiales; entre ellas no se cuenta la compañía de Rondón: AAA Dominicana.
Y ahora, el gerente de Odebrecht en el país caribeño, Marcelo Hofke, ha dicho que entregó el dinero a Ángel Rondón. Este ha admitido a su vez que recibió “una cantidad similar” a esos 92 millones entre 2001 y 2014, pero ha negado que fuera para sobornos, sino que eran el “pago de sus servicios como representante comercial”, según aseguró el pasado 11 de enero durante el interrogatorio al que le sometió el procurador general dominicano, Jean Rodríguez. De ese modo, Rondón habría recibido una remuneración media por sus contratos de representación de unos 6,5 millones de euros al año.
La prensa dominicana define a Rondón como empresario y lobbista (es decir, aquella persona que intenta a influir en los legisladores a favor de un colectivo o empresa). Y, aunque nunca llegó a ser condenado, le sitúan en medio de otros escándalos sucedidos en el país caribeño, como el del Plan Renove, una investigación de irregularidades en la compra de autobuses del transporte público, que costó unos 35 millones de euros).