En un país donde la mezquindad es la norma y reconocer los méritos es la excepción, pocos quieren aceptar que durante los años que ha estado al frente de la administración del Poder Ejecutivo, el presidente Medina ha establecido un régimen de consecuencias para la actuación de los funcionarios públicos.
En ese régimen de consecuencia todas y cada una de las denuncias serias que se han hecho sobre uso inadecuado de los fondos públicos, han sido investigadas y se han tomado las medidas de lugar para que la justicia actúe.
Así hemos visto desfilar hacia fuera del gobierno a una serie de funcionarios que han sido involucrados en actos vinculados al uso inadecuado de los recursos públicos, algo que fue una de las promesas de siempre de Danilo Medina cuando era candidato a la presidencia, y ratificado desde el inicio de su gobierno, cada uno de estos hechos en su momento han sido de notoriedad publica, y si la mayoría de ellos han caído en el olvido, es porque otro poder del estado, que es el judicial no ha actuado de forma responsable.
Durante meses hemos escuchado hablar de que en el país impera la cultura de la impunidad, lo cual en muchos casos es una gran verdad, ya que esta palabra se define como ¨la falta de castigo que se debe imponer a quien comete un delito¨, es decir una persona transgrede la ley en cualquiera de sus partes y no cambia su conducta porque sabe que no se le impondrá un castigo, es por esto que continúa con su accionar delictivo y sirve de ejemplo para que otros hagan lo mismo.
En el día de ayer el Consejo de Gobierno reunido en el Palacio Nacional tomó una decisión histórica, y fue aprobar un régimen de consecuencias claro y preciso de lo que ocurrirá con los gestores de las instituciones públicas que no cumplan con la ley en lo que es su deber de garantizar la debida transparencia en todos los procesos de gestión pública, que van desde la garantía al acceso a la información a cualquier ciudadano que lo requiera hasta el cumplimiento estricto de la ley de comprar y contrataciones que está vigente.
Desde hace bastante tiempo el presidente de la República viene realizando estas reuniones periódicas donde se ha estado construyendo el gobierno más transparente en sus ejecutorias de la historia de la República Dominicana, donde se están trazando pautas para el cumplimiento colectivo de toda la maquinaria gubernamental de una serie de indicadores imprescindibles para que la gestión pública sea accesible para cualquier ciudadano de modo que haya controles en el uso de los recursos.
Existen ahora normas de control interno, acceso por medio de las tecnologías de la información y la comunicación de parte de la ciudadanía a las actividades que realizan las instituciones públicas, portales electrónicos para la transparencia gubernamental donde es posible visualizar nóminas, compras, pagos, contratos con empresas, es decir, una serie de normas que han permitido a los ciudadanos tener acceso a datos que hasta hace poco eran vedados a los ciudadanos.
Solo que al parecer no había un régimen de consecuencias, es decir, si una institución no cumplía con las normas establecidas en los consejos de gobierno no pasaba nada, es posible que los nombres repetidos de muchas de estos organismos públicos hayan pasado muchas veces por las manos de quienes controlan el cumplimiento de los indicadores que garantizan la transparencia y no haya pasado nada, eso hasta el día de ayer, porque la impunidad al parecer se acabó dentro del gobierno.
Cada mes los organismos públicos serán sometidos ahora a un examen y el cumplimiento de las normas será el espacio de las preguntas a responder, todo esto será puntuado y de la puntuación al parecer dependerá la permanencia del funcionario público al frente de la institución, es decir, quien no cumpla con lo que establecen las leyes de transparencia de gestión serán castigados, eso es crear un régimen de consecuencias.
Nos imaginamos que los que nunca hacen caso a las advertencias de adecuarse a la ley, algo muy común a nivel público, lo harán con presteza, ya que ahora habrá que dar cuentas del cumplimiento y pesa sobre la cabeza de cada uno de los que aceptaron ser funcionarios públicos la posibilidad de ¨quemarse en el examen¨ y si no lo pasan, como ocurre con los muchachos que van a la escuela, pues serán suspendidos, pero esta vez en el ejercicio de sus funciones y se ahí a ser cancelados hay un solo paso.
Esta decisión es histórica, por primera vez los funcionarios están obligados a cumplir con las metas de transparencia del gobierno y alinear sus ejecutorias en un plan previamente elaborado, y esto hará historia porque pasamos del voluntarismo tercermundista en que cada quien al llegar a un cargo público se siente dueño y experto de la institución donde lo nombraron, aunque muchas veces no tenga ni idea de lo que le dieron a administrar, es decir, pasamos de la iniciativa propia a la planificación centralizada y evaluada.
Pero no es que solo tienen la obligación de alienarse, es que serán evaluados por el mismo consejo de gobierno y en presencia de quien los colocó, como jefe de la administración pública, en cada uno de sus puestos que hoy ocupan.
Ya nos imaginamos la ansiedad de muchos de los que hoy ostentan funciones públicas cuando se despliegue en una pantalla la lista con los porcentajes de cumplimiento delante de todos sus pares, porque en principio solo será información interna.
Como en una escuelita la nota será de 0 a 100, donde lo mínimo es un 60 de cumplimiento para pasar rasando, parece que también se reconocerá a los ¨Suma, Magna y Cum Ladue¨, es decir, los que tengan por encima de 90 puntos serán reconocidos como cumplidores, pero los que estén por debajo de la nota mínima si tendrán un régimen de consecuencias como los malos estudiantes.
El que no cumple con las reglas se castiga, esa es la primera norma en cualquier sociedad donde no se premie la impunidad, en el caso de que hablamos, es como los muchachos de la escuela, la primera vez amonestación privada (se envía para otro examen); segunda vez (amonestación pública (como si se enviara al examen donde van los malos estudiantes) y la tercera vez queda suspendido el funcionario.