NUEVA YORK.- Entraron en vigencia este viernes las nuevas leyes “Derecho a Saber” que obliga a la policía de esta ciudad que cuando detengan a una persona identificarse y proporcionar su nombre, rango, cuartel y número de teléfono de la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB) al final de los encuentros que no resulten en un arresto o una citación.
Los agentes policiales contarán con tarjetas de presentación para entregarla.
Estas leyes (182 y 541) pretenden proteger a ciudadanos, principalmente hispanos y negros, durante encuentros con los policías neoyorkinos.
Asimismo, establecen que los oficiales proporcionen la razón específica de su actividad de aplicación de la ley (por ejemplo, búsqueda de vehículos, detención y registro); proteger a los neoyorquinos contra búsquedas inconstitucionales, y poner fin a la práctica del NYPD de invitar a los neoyorquinos para que den su consentimiento a búsquedas innecesarias e injustificadas.
Además, exigir a los oficiales que expliquen que una persona tiene derecho a rechazar una búsqueda cuando no existe una justificación legal para ello; exigir a los oficiales que obtengan una prueba objetiva de que una persona dio su consentimiento informado y voluntario para una búsqueda sin justificación legal.
En el primer trimestre de este año, los neoyorquinos fueron detenidos por la policía 2,562 veces y la cantidad de 1,683 (66 %) fueron inocentes; 1,431 (56 %) eran negros; 837 (33 %) eran latinos; y 219 (9 %) eran blancos.
El concejal dominicano Antonio Reynoso, principal patrocinador de la legislación, explicó que la confianza es el componente más crítico en la relación entre la uniformada y las comunidades que deben proteger.
Michael Sisitzky, asesor jurídico de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), apuntó que la Ley del Derecho a Saber fue diseñada inicialmente para encaminar al NYPD a fin de mejorar las relaciones con las comunidades sobrepobladas y aumentar la transparencia durante los encuentros policiales, sin embargo, aseguró que debe haber un seguimiento tras la puesta en marcha.
Defensores de la reforma policial aseguraron que las comunidades informarán sobre las violaciones de la Ley de Derecho a Saber a la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB), además de aumentar su entrenamiento de vigilancia policial.