Brasil.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil invalidó ayer por seis votos contra uno la candidatura del encarcelado expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva.
El fallo, emitido luego de más ocho horas de debates, fue de inmediato denunciado por el Partido de los Trabajadores (PT), que prometió "luchar por todos los medios", multiplicando los recursos judiciales y movilizando a sus bases, para asegurar la presencia de su líder en esos comicios, que se anuncian como los más inciertos de las últimas décadas.
El magistrado relator del caso, Luis Alberto Barroso, instó a impugnar la candidatura del exmandatario (2003-2010) en aplicación de la ley de "Ficha Limpia", que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales.
"La ley de Ficha Limpia prevé claramente que los condenados por un tribunal colegiado son inelegibles", afirmó.
Lula, de 72 años, purga desde abril en Curitiba (sur) una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Barroso también abogó por prohibir al PT usar la figura de Lula en su campaña por televisión, que empieza este sábado para las presidenciales.
Y recomendó dar al PT un plazo de diez días para nombrar un reemplazante de Lula, que podría ser su compañero de fórmula, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.
Pero lejos de resignarse, el PT anunció su intención de multiplicar los recursos ante los tribunales y en las calles. "Vamos a defender a Lula en las calles, junto al pueblo, porque es el candidato de la esperanza", prometió en un comunicado.
La defensa de Lula sostenía que Brasil debía acatar un reciente pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que el líder de la izquierda pueda seguir siendo candidato e incluso hacer campaña desde la cárcel.
Esa posición fue aceptada por el juez Edson Fachin, que votó a favor de Lula.
Su pronunciamiento causó sorpresa, dado que Fachin, a cargo de las investigaciones de corrupción de la operación Lava Jato en la corte suprema, suele estar alineado con los fiscales que desde hace cuatro años consiguieron encerrar o acusar a buena parte de la élite política y empresarial de Brasil.
Lula fue declarado culpable en julio de 2017 de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. La condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por una corte de apelación.