SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó ayer la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional brasileña Embraer por los sobornos que admitió pagar para que el Estado dominicano adquiriera ocho aviones Super Tucano en el 2009.
La jueza Yanibet Rivas, asimismo, condenó a la empresa al pago de US$7 millones al Estado dominicano a través de la Procuraduría General de la República.
De esa manera, homologa el acuerdo entre la empresa y la Procuraduría en este caso, en la que Embraer deberá entregar información sobre los sobornos que ante la Justicia de Estados Unidos admitió haber pagado en el país.
De inmediato, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción, la condena de US$7 millones, y destacó que con esta se recupera el doble de los 3.5 millones de dólares que le fueron despojados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de los aviones.
En una nota de prensa, resaltó que con la misma “no fue necesario esperar años de litigios ni cientos de reenvíos de audiencias para que el Estado obtuviera ganancia en un proceso judicial por delitos contra el patrimonio público, enfatizando que esto representa un ahorro de recursos para los contribuyentes y eficiencia en la administración del sistema de justicia”.
Rodríguez informó que durante las próximas semanas y en un plazo máximo de 45 días, vigente desde el pasado 28 de julio, el Ministerio Público empezará a recibir oficialmente de parte de Embraer la nueva información sobre los sobornos, la que de inmediato comenzará a ser analizada y cotejada por un equipo de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Destacó que esa información fortalecerá el proceso penal contra las personas y empresas incluidas en la acusación de este caso, presentada el 6 de septiembre del 2017, y garantizó que si a partir de nuevas evidencias y luego las pesquisas correspondientes, alguien más resulta con su responsabilidad penal comprometida, en el marco del debido proceso, por igual será puesto a disposición de la justicia, sin importar de quien se trate.