SANTO DOMINGO.- El bloque de Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldó la solicitud para que se cree una comisión que investigue en torno a los pagos realizados por el gobierno al publicista Joa Santana y Monica Moura.
Los legisladores en rueda de prensa afirmaron que la comunicación hecha pública por los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena es una admisión de culpa la cual está plagada de “imprecisiones, falsedades y justificaciones que pretenden engañar al pueblo dominicano.”
Los congresistas de oposición indicaron que lo más importante de todo es que el gobierno dominicano admitió que contrataron y continuaron realizando pagos a Joao Santana y Monica Moura.
Según la comisión depositada por Presidencia de la Cámara de Diputados, los pagos fueron realizados por un monto de RD$403 millones de pesos) no de mil 400 millones como había denunciado la diputada Faride Raful.
Indican que los pagos el propio gobierno admitió que se hicieron luego de estos encontrarse presos, implicados en el caso de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica. Suma por demás exorbitante que necesita ser investigada.
“Esto viola la Ley de Lavado de Activos vigente en ese momento y la Ley de Contrataciones Públicas. El PEPCA debe iniciar una investigación de oficio inmediatamente” explican los legisladores.
Indicaron que no hacen uso político coyuntural de este caso y que el 17 de marzo 2017 (en carta dirigida al Ministerio Administrativo de la Presidencia), el diputado Frank Paulino solicitó la información de todos los contratos, facturas y libramientos, y la respuesta, en franca violación a la Ley de Libre Acceso, se limitó a unos números de libramientos sin montos ni detalles, por lo que se dirigieron a la Contraloría donde igualmente les proporcionaron la información parcial alegando que los libramientos referentes al 2013 no se reflejaban en la página del SIGEF (como consta en comunicación remitida por la Contraloría General de República a la Diputada, Faride Raful en fecha 2 de febrero 2018).
Insistieron en que con los documentos recibidos de la Contraloría, se evidencian Registros de Contratos y libramientos con las sociedades Polis Caribe y CINE&ART2013 por una suma aproximada de RD$ 1,400 millones de pesos.
Los legisladores condenaron la declaración pública de los funcionarios, que sin evidencias pretenden desconocer la facultad que tienen los congresistas a investigar y crear una comisión especial que investigue los fondos públicos.
Resaltaron y mostraron la existencia de un Registro de Contrato que se renovó el 7 de enero de 2016, entre El Ministerio administrativo de la Presidencia y la empresa Polis caribe, cuya representante fue Mónica Moura, el mismo contiene una vigencia desde el 3 de diciembre 2015 hasta el 3 de diciembre 2016, por un monto de US$1,200,000.00, repartidos en pagos mensuales de US$100,000.00 por concepto de asesoría en comunicación y planificación estratégica, lo cual contradice lo vertido en la carta remitida por la Presidencia de la República de que los contratos con estas empresas habían sido rescindidos en Diciembre del 2015.