SANTO DOMINGO.- El gobierno a través del ministerio Administrativo de la Presidencia y de Direción General de Comunicación de la Presidencia le salieron al frente a la diputada Faride Raful del Partido Revolucionario Moderno que denunció en la pasada sesión que el Estado había pagado más de mil millones de pesos a las empresas del publicita Joao Santana.
Mediante una comunicación enviada a la cámara de diputados firmada por José Ramón Peralta Ministro Administrativo y Roberto Rodríguez Marchena, director General de Comunicación afirmaron que fueron poco más de 430 millones de pesos los pagados por el Gobierno a dos empresas del brasileño Joao Santana por concepto de asesoría política durante el período 2012-2016, y no 1,400 como denunciara la semana pasada la diputada Faride Raful.
La comunicación fue enviada través de la presidencia de la Cámara de diputados Donde José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena expresaron que el Gobierno siempre a actuado apegado a la leyes del país y que con la denuncia y solicitud de información al respecto lo que se busca es sacar provecho político.
“De esto se desprende que la solicitud de información formulada recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano”, expresan los funcionarios en su misiva.
Revelaron que las empresas a las que se les pagó la suma de (RD$430,506,711.17) fueron a CINE & ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante el período 2012-2016.
Sostuvieron que “los pagos realizados a esas empresas se corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.