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Por Máximo Zabala

Certificadora Internacional de Crímenes Financieros entrenan profesionales sobre prevención lavado d


SANTO DOMINGO.- Las firmas L. Núñez & Asociados y RMC Consulting impartirán en el país un programa de entrenamiento que otorgará la certificación en prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.


La acreditación, conocida internacionalmente como "Certified Financial Crime Specialist – RD", es avalada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), con sede en EE.UU. y operaciones en toda América Latina.


La certificación acredita el conocimiento de los profesionales sobre las obligaciones y normativas a nivel local e internacional ya que consta de dos exámenes, uno sobre el cumplimiento legal en la República Dominicana y otro de carácter global que cubre un amplio rango de habilidades necesarias dentro del marco internacional de los delitos financieros.


El entrenamiento será impartido durante el periodo comprendido entre el 27 de abril y los días 2, 4, 9, 11 y 16 de mayo 2018, de 9:00 AM a 5:30 Pm, en el hotel Crowne Plaza, de Santo Domingo, con una duración de 40 horas.


Es la primera certificación global que abarca distintas áreas en el campo de los delitos financieros: anti lavado de dinero, corrupción, evasión fiscal/FATCA, fraude, cumplimiento normativo, investigación, delitos cibernéticos, análisis de datos, estándares internacionales, y mucho más.


Los candidatos que se registren a la Certificación CFCS-RD, además de obtener el derecho a rendir ambos exámenes, obtendrán 40 horas de capacitación presencial en la preparación del examen sobre las obligaciones locales; el manual de estudio y 2 seminarios online de preparación para rendir el examen internacional; y la membresía por un año a la ACFCS.


La certificación CFCS-RD es el modelo de la tendencia global hacia la “convergencia” y el fin de un enfoque sectorial de los delitos financieros.


En este entrenamiento los participantes reciben instrucciones sobre cómo establecer un programa de prevención de crímenes financieros y lavado de activos en base a mejores prácticas, en base a nuestras propias leyes, normas y circulares.


Al hablar de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la Legislación Dominicana ha evolucionado con la promulgación de la Ley 155-17 contra Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de destrucción Masiva.


La normativa establece nuevos Reglamentos, así como también Normas Sectoriales por parte de las autoridades supervisoras competentes, que sientan las bases mediante las cuales los Sujetos Obligados financieros y no financieros deben cumplir con las disposiciones de esta Ley.


Prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, hoy día no solo es tarea del Estado dominicano. También los Sujetos Obligados forman parte integral en la lucha de este flagelo que afecta a todos los países del mundo.


En tanto, los Sujetos Obligados deben cumplir con una serie de obligaciones descritas en la Ley y las normas sectoriales, cuyo incumplimiento traería consigo la imposición de sanciones penales y administrativas.


Una de estas obligaciones esenciales es nombrar un Oficial de Cumplimiento, el cual debe contar con la capacidad profesional y técnica necesaria para velar de que sean cumplidas las políticas de prevención y cumplimiento del Sujeto Obligado.


Contar con la preparación adecuada, es esencial para ejercer la función del Oficial de Cumplimiento, y así lo han pronunciado ya algunos de los entes supervisores, como la Superintendencia de Bancos, exigiendo como requisito que este profesional, para ejercer sus funciones debe contar con una certificación en Antilavado de Activos por una asociación reconocida, sea a nivel nacional o internacional.


La certificación CFCS-RD es el modelo de la tendencia global hacia la “convergencia” y el fin de un enfoque sectorial de los delitos financieros. Este instrumento enseña no sólo como establecer un programa de prevención de crímenes financieros y lavado de activos en base a mejores prácticas sino también sobre la base de nuestras propias leyes, normas y circulares.


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