SANTO DOMINGO.-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, recibió este jueves un conjunto de propuestas de leyes que deben ser aprobadas para la adecuación y vigencia plena de la Constitución del 2010, iniciativas que fueron elaboradas por una comisión de juristas encabezada por el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.
Uno de los proyectos, denominado “de jurisdicción contencioso-administrativa”, procura desarrollar el mandato de los artículos 138 y 139 de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Conjuntamente con las leyes 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y 107-13, sobre Derechos y Deberes de las Personas en su relación con la Administración Pública, este proyecto de ley completaría el ciclo de reformas diseñado por la Constitución del 2010 sobre la estructura del Estado y las relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública.
Asimismo, esta propuesta de legislación busca crear una jurisdicción nacional de lo contencioso-administrativo con doble grado de jurisdicción, como establecen los artículos 164 y 165 de la Constitución. De igual manera, permitiría destrabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a través de la creación a nivel nacional de tribunales especializados sobre la materia.
Otro de los proyectos elaborado por la comisión es el de Ley de Derecho de Petición, el cual busca desarrollar del mandato del artículo 22.4 de la Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público. En este renglón también está el Derecho de Petición, junto a los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010 a la Carta Sustantiva de la Nación.
Esta propuesta de nueva ley busca crear el procedimiento para que los ciudadanos y ciudadanas formulen peticiones a las autoridades administrativas, así como las sanciones ante la inobservancia de dicho trámite. Junto a la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 200-04), la referida iniciativa procura fortalecer la posición de los administrados ante el Estado.
Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de Ley General de Publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución. El objetivo de esta propuesta es crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios, la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor.
En adición, la propuesta busca consolidar los derechos de los consumidores y los usuarios frente al mensaje publicitario y crear una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que desarrollen campañas publicitarias de protección al medio ambiente y la prevención de accidentes. De igual manera, esta iniciativa de legislación aspira a regular la participación de los denominados “influenciadores” en las redes sociales, de manera que establece el principio de transparencia en su relación comercial con los bienes o productos que promueven frente a los consumidores y usuarios.
Tras recibir el conjunto de propuestas de leyes, Maldonado destacó la labor de la comisión y la trascendencia del trabajo realizado. “Estos son proyectos de mucha importancia para la nación dominicana, pues permitirán poner en vigencia un número importante de disposiciones de la reforma constitucional del 2010”, indicó el presidente de la Cámara de Diputados.
De su lado, Alburquerque agradeció la confianza que la Cámara de Diputados depositó en él y los demás juristas que conforman la comisión, e informó que el equipo seguirá trabajando con miras a seguir fortaleciendo las diferentes iniciativas que surjan del Congreso Nacional en relación con las leyes que se necesitan para la vigencia plena de la Constitución del 2010. Además de Alburquerque, quien la coordina, la comisión la integran los juristas Namphy Rodríguez, Manuel Fermín, Edyson Alarcón; Servio Tulio Castaños, Ramón Núñez y Ana Carolina Blanco Haché