El Partido Revolucionario Moderno denuncia que el proyecto de presupuesto de 2018, del gobierno de Danilo Medina, es una reiteración de políticas públicas que aportan muy poco a la solución de las necesidades de la gente.
Este es un presupuesto caracterizado por la mala calidad del gasto y la ineficiencia administrativa, en el que el gobierno persiste en ampliar el déficit financiero y profundizar el endeudamiento del país.
Del análisis del proyecto de ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, se desprende que el gobierno continúa con el mismo modelo aplicado desde el 2008: deficitario, altamente clientelar, mala distribución económica del gasto, centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales (8.2% del PIB), sobre-estimación de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto.
Es un presupuesto con políticas públicas que no garantizan derechos esenciales a la ciudadanía, tales como salud, educación de calidad, vivienda, empleos dignos, agua potable, seguridad ciudadana, además muestra las mismas tendencias a la concentración e inequidad de la inversión pública entre las provincias, entre otros problemas de calidad de gastos.
El Gobierno no demuestra una estrategia clara para enfrentar el continuo endeudamiento público fruto del modelo presupuestario deficitario, clientelar y de prioridades difusas, al punto de seguir violando la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, postergando el urgente y necesario Pacto Fiscal que mejore la calidad del gasto.
En el proyecto de presupuesto para el 2018 existen varios artículos (del 14 al 20) que tratan de modificaciones a artículos del Código Tributario o leyes especiales que constituyen a todas luces una reforma tributaria encubierta (parches).
Mientras el gobierno trata de aumentar sus ingresos por todos los medios, aun si tiene que imponer impuestos al margen de las leyes, no muestra ningún interés por poner control a las evidentes desviaciones y despilfarros de gastos innecesarios que todos los días salen a relucir en la administración pública.
A pesar de las numerosas reformas tributarias realizadas entre 2004 y 2017, con la intención de aumentar los ingresos (aplicar nuevos gravámenes o intentar mejorar la eficiencia), no se han conseguido los resultados esperados, debido a la falta de credibilidad y confianza que genera la corrupción e impunidad existente en los gobiernos del PLD.
Los ingresos públicos ante que ayudar a resolver los problemas de la gente, han servido para financiar la voracidad del partido gobernante donde predomina una práctica generalizada de clientelismo, sobornos, corrupción, impunidad, despilfarro de fondos públicos y cobros ilegales, que obligan a la ciudadanía a pagar varias veces por el mismo servicio público.
Para el 2018 se está contemplando un nivel de gasto de 690 mil millones de pesos, un incremento de 10.5 % en el gasto del Gobierno Central con relación al estimado para el 2017. De estos aumentos de gastos el 30% se corresponde a incremento en el pago de los intereses (19.8 mil millones de pesos); mientras el presupuesto del ministerio de Salud y Asistencia Social apenas se incrementa en 2 mil 500 millones de pesos.
Los fondos asignados al sector salud resultan insignificante con respecto al serio deterioro que exhibe el sistema de salud pública y los grandes requerimientos de recursos que tiene este sector, por lo que es evidente que el mejoramiento de los servicios de salud pública a la población más necesitadas no forma partes de las prioridades del gobierno.
Intereses de la deuda. Los intereses de la deuda se proyectan en RD$134.7 mil millones, aumentando RD$19.8 mil millones, 17.2% respecto a 2017, los cuales representará de manera efectiva el 24 % de los ingresos tributarios. Lo más graves es que gran parte de estos intereses se pagará con más deuda.
Transferencias. Un hecho grave es la violación a la ley que asigna un 10% de los ingresos tributarios a los ayuntamientos. En este presupuesto los ayuntamientos sólo tienen asignados 17 mil millones de pesos, equivalente a un 3.2% de los ingresos corrientes, dejando de aportarle, la suma de 35 mil 700 millones. Esta situación impide que los gobiernos locales puedan atender servicios básicos esenciales de las comunidades.
Déficit. El resultado del ejercicio fiscal, el déficit financiero de 2018, se ha proyectado en el monto de 87 mil millones de pesos, equivalente a 2.2% del PIB, sin embargo, como ha sucedido desde 2012 el déficit real se ha escondido mediante la sobre-estimación de ingresos y sub-estimación de gastos.
Así, considerando un ingreso total de 582 mil 100 millones de pesos y un nivel de gastos de 690 mil 800 millones de pesos, el resultado financiero (déficit) alcanza la suma de 108 mil 700 millones, equivalente al 2.8 % del PIB. Este monto es el verdadero déficit proyectado para el próximo año.
Deuda pública. La deuda del sector público no financiero alcanza un balance 28 mil 900 millones de dólares a final de agosto 2017, equivale a 39% del PIB. La misma ha aumentado en 9 mil 500 millones de dólares comparado con el balance de 2012. Cada año registra un aumento neto de casi 2 mil millones de dólares.
Cuando se suma la deuda del Banco Central por emisión de certificados por un monto de 479 mil millones de pesos (es decir 10 mil 375 millones de dólares), la deuda pública consolidada alcanza, sin incluir la deuda flotante, a 39 mil millones de dólares, o sea 52% del PIB para 2018. Esta deuda aumenta a un ritmo diario de 7 millones de dólares.
Sin duda, que una de las grandes amenazas que tiene la estabilidad macroeconómica del país es el desmesurado crecimiento de su deuda pública, sin que la misma esté contribuyendo a sentar las bases para un desarrollo sostenible de la nación.
Andrés Matos/ Comunicaciones.