Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que el debate político en la campaña electoral debe estar contemplado en la ley de Partidos y Agrupaciones Política sque cursa en el Congreso Nacional.
La entidad política entiende además que debe establecerse el voto obligatorio como forma de evitar la venta de cédula.
“Se ve de entrada como un poco arbitrario, pero eso es lo que va a evitar que la gente venda su documento al mejor postor”, dijo.
El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que dentro de la Ley Electoral se puede permitir la opción de votar en blanco.
Pacheco también señaló que esa organización propone que el debate electoral sea obligatorio en todos los niveles de elección.
El congresista destacó que tienen 15 propuestas que son fundamentales y es donde tienen diferencias con otros partidos políticos.
Expresó que el PRM es partidario de primarias simultáneas con padrones de cada partido depositados con antelación en la Junta Central Electoral, para evitar que un partido pueda decidir candidatos de otros partidos.
El partido opositor plantea, además, que los precandidatos que hayan aspirado a alcalde o legisladores no puedan ser candidatos a posiciones diferentes a las que aspiraron, durante ese proceso electoral.
“En el tema de género estamos de acuerdo con la paridad, ningún género debe tener menos del 40% en las boletas, ni ninguno debe tener más de 60%, de manera que exista el equilibrio”, indicó.
Sobre la rendición de cuentas, Pacheco señaló que cada partido tiene que decir de dónde provienen los recursos.
Abogó porque se penalice el hecho de recibir contribuciones de carácter ilícito.
“Estamos proponiendo un procurador especial y una comisión especial que se encargue de velar porque las garantías electorales se cumplan, y porque se puedan perseguir los delitos electorales”, argumentó.
Otra propuesta del PRM es que sólo se reserve el 15% de las candidaturas para acuerdos que realicen las cúpulas de los partidos.
Sostuvo que ningún funcionario debe inaugurar obras después que se proclama la campaña electoral, y que además deben regularse las encuestas como forma de propaganda.
“Ningún funcionario debe ser encargado de campaña en las provincias”, enfatizó.