Santo Domingo.- El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Tobías Crespo negó que se privilegiara en el proyecto que crea la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, y el Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), al Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep).
El legislador aclaró que el Senado de la República como órgano soberano realizó una serie de modificaciones al proyecto mediante propuestas de instituciones y organizaciones, entre las cuales mencionó a la Procuraduría General de la República (PGR), con el tema de la multa; la Asociación Nacional de Motoconchistas, por la sanciones y prohibiciones; la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), sobre a las ventas de vehículos; y a la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, que presentó un documento de 14 páginas, donde presentó 43 observaciones que fueron analizadas.
El proponente de la pieza legislativa aseguró que en sentido general las observaciones fueron para enriquecer y mejorar el proyecto que en algunos casos le faltaban sanciones y se agregaron temas con respecto a la salud.
Precisó que la comisión especial compuesta por ambas cámaras legislativas para trabajar el proyecto que crea la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, y el Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), podemos dar validez que todo se hizo para mejorar la iniciativa legislativa sin favorecer a nadie en términos personal, ni empresarial.
Sobre propuesta del Conep
El diputado Tobías Crespo manifestó que el Conep solicitó revisar cuatro puntos y fueron asumidos tres, uno de ellos fue que la definición de transporte privado y de pasajeros se incluyera la parte de la plataforma tecnológica, la cual la comisión espacial del Congreso no la acepto y lo que recomendó fue colocar cualquier otra modalidad, ya que era una definición genérica y no podía colocarse algo particular.
Señaló que otra modalidad que propuso el Conep fue lo referente a los vehículos de transporte de carga sobre el no registro de los números de chasis de los remolques que salen de las navieras, los cuales tienen distintos propietarios, por lo que entendían no debía registrarse, porque hay una mezcla: “La comisión entendía que si debía registrarse los números de los chasis y se quedó de esa forma en el proyecto”, apuntó.
También, indicó que otro aspecto planteado por el Conep fue lo relativo a las tarifas del transporte de cargas, según Crespo, en el proyecto la tarifa del transporte de carga no estaba regulada, sino que fue insertado por una comisión especial que lo trabajo en la Cámara de Diputados y quiso aprobarse en segunda lectura.
Tobías Crespo precisó que: “la situación del transporte de carga es muy diferente al de pasajeros, ya que el de pasajeros es de orden y servicio público. La tarifa de carga no entra en ese escenario”, apuntó.
Aclaró que en el transporte de carga existe un empresario que genera ese servicio, un transportista que la moviliza y un receptor que la recibe, es decir, son tres entes privados que no tienen acuerdo con el Gobierno, porque no hay rutas, no hay concesiones ni licencia de operaciones: “ La intervención de la tarifa de carga es un asunto donde deben ponerse de acuerdo las partes”, expuso.
El legislador destacó que: “A diferencia del transporte de pasajeros que es público, donde hay vida de por medio y movilidad de la persona, el Estado debe monitorear que la tarifa de pasaje llegue a un precio justo”, añadió.
Afirmó que ese aspecto se dejó establecido como estaba en el proyecto original hace cinco años, por lo que la iniciativa legislativa nunca entró al tema de la regularización de la tarifa del transporte de carga.
Tobías Crespo reiteró que el Senado es un ente soberano y escuchó los pareceres de varias instituciones, ya que existe una leyes establecen la libre contratación y la libre empresa: “En el caso de la libre empresa, se establece dejar que las tarifas este definida por los costos y las variables de los precios”, explicó.
“Tampoco podríamos nosotros añadir un artículo que podría ser motivo de ir al Tribunal Constitucional y fuera declarado inconstitucional. Tenemos que entender que este proyecto no es un deseo personal, sino que habido encuentro con todos los sectores que inciden para tener la mejor ley posible para el país”, aseveró.
En el sentido de la regularización de la tarifa de carga, cualquier solicitud que se realice a un tribunal, sea al Constitucional o Administrativo puede tener aquiescencia: “Aseguro que durante los cinco años que permaneció el proyecto no estuvo la regularización, sino que se insecto mediante una comisión especial que creó el expresidente del Hemiciclo Abel Martínez, cuando algunos diputados tenían interés en la pieza legislativa”, concluyó.