Santo Domingo.- La Comisión designada para estudiar la vente de los terrenos de Los Tres Barazos rindió su informa al presidente Danilo Medina donde recomienda anular los contratos de vente de esos terrenos.
El presidente Danilo Medina se reunió ayer con los miembros de dicha comisión que evaluó la venta de esos terrenos y le hizo la recomendación de lugar. La misma la integra el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet. Los detalles del informe fueron ofrecidos por los funcionarios en una rueda de prensa que tuvo lugar en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. En primer lugar, entienden que la operación es cuestionable en su esencia misma, tras sostener que nunca debió realizarse el proceso de venta bajo los términos en que se hizo. Segundo, señalan que la operación se llevó a cabo en franca violación a la Constitución, así como también en violación a la Ley de Reforma a la Empresa Pública y la Ley de Función Pública. Los comisionados precisaron que el procedimiento de CORDE para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano. Asimismo, manifestaron que el interés público fue lesionado por el privado, donde sostienen que INFEPA y TITULATEC establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes y sus inversiones muy bajas. Informaron, además, que encontraron errores y discrepancias muy graves. Esto en los trabajos de deslinde y supervisión realizados por los agrimensores de CORDE. Por lo que recomiendan al Estado no reconocer las ventas y demandar la nulidad de las mismas. Indican que están confiados en el que el Poder Ejecutivo tomará decisiones en virtud del interés general. Asimismo, dicen que el Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe, al igual que a las entidades financieras que han financiado una parte de los fondos. Finalmente, los miembros de la comisión entienden que el Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado, para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos, títulos gratuito o a titulo negocio, según su condición socio económica.