Santo Domingo.-El Bloque Legislativo del Frente Amplio-PQDC, informó este que introducirán un proyecto de ley para modificar la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Los congresistas opositores Informaron, además que la iniciativa tiene el interés de fortalecer la prevención y castigo de los actos de corrupción en la administración pública.
Fidel Santana, vocero de dicho Bloque, informó que en comparación con la Ley 82-79 reconocen los avances alcanzados con la ley 311-14, que ha implicado una mejoría del instrumento de Declaración de Patrimonio.
Dijo que no obstante, se hace necesario incorporar otras mejoras a la ley para ampliar su alcance, poniéndola más en consonancia con los avances alcanzados en otros países y con el clamor popular de mejores instrumentos para superar la impunidad.
Con ese propósito los diputados Fidel Santana y Betsayda González, integrantes del Bloque, proponen modificar la ley 311-14, para incorporar la obligatoriedad de presentar una certificación de pago de impuestos (IR-1), que deberá acompañar a la Declaración Jurada de Patrimonio de funcionarios públicos.
Afirman que esta modificación no sólo contribuirá a evitar cualquier falsedad en la declaración sino también a fortalecer los mecanismos de control de la evasión de impuestos, sobre todo hacia personas que por su rango social y político tienen una amplia capacidad de influencia y de evasión.
Sostienen que si se revisan las declaraciones juradas de patrimonio de muchos funcionarios del presente y del pasado se encontrarían amplios listados de bienes suntuarios que sería muy conveniente, para la transparencia y la superación de toda duda del origen de esos bienes, que se hagan acompañar de las certificaciones correspondientes de pago de impuestos emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos, atendiendo al precepto constitucional de la Inversión de la Prueba, que obliga a los funcionarios públicos a demostrar la licitud de su patrimonio.
Los congresistas informaron además, que iniciarán un periplo de visitas a medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales para enriquecer esta iniciativa y pedir el respaldo ciudadano para fortalecer la lucha contra la corrupción a través de instrumentos legales más eficaces.